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No hay presupuesto para la ley contra desaparición forzada

Es un paso para frenar este crimen: diputado.

La aprobación y entrada en vigor de la nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas tendrá un impacto de 441.6 millones de pesos en el Presupuesto 2018, pero el proyecto de egresos del Ejecutivo no considera dichos recursos.

En su valoración del impacto presupuestario del referido ordenamiento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalló que tan solo la creación y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda significaría 362.7 millones de pesos.

Los programas de denuncia para incentivar a la ciudadanía a proporcionar información precisarían de 39.5 millones de pesos más y las campañas informativas otros 31 millones.

El análisis solicitado por diputados de la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio de San Lázaro señala que la operación del Consejo Nacional Ciudadano previsto en la ley representaría 4.5 millones de pesos y la del Registro Nacional de Fosas (comunes y clandestinas) 3.8 millones adicionales.

La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto presentada en diciembre de 2015 consideraba un nulo impacto presupuestal, pero el Senado de la República aprobó la ley con modificaciones que al día de hoy requieren de 441.6 millones de pesos para ser llevadas a la práctica.

Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron ya el dictamen de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que entre otros aspectos prevé un castigo de hasta 60 años de prisión para los servidores públicos que priven de la libertad a una persona y oculten su paradero.

La sanción prevista para los particulares responsables de la desaparición de personas alcanzaría hasta 50 años de cárcel.

En su análisis, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas subraya que algunos otros aspectos de la nueva ley no generarían impacto en el Presupuesto de Egresos.

Es el caso de esta ley y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, pues la PGR ya cuenta con una fiscalía especializada y el Sistema Nacional de Seguridad Pública opera una base de datos en la materia.

Por el contrario y como parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, la ley de desaparición forzada de Personas prevé la conformación de grupos de búsqueda con personal especializado.

Según la evaluación de impacto presupuestal, dichos grupos estarían encabezados por 96 investigadores (tres por entidad federativa) y su presupuesto anual sumaría 82 mdp.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la inminente aprobación de la ley de desaparición forzada representa un paso firme y contundente para prevenir y erradicar ese crimen que lastima a la sociedad y al país en su conjunto.