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Suma “sabotaje legal” a la 4T más de 5 mil 450 amparos

El supuesto "sabotaje legal" suma 5 mil 450 amparos contra proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la cancelación de las estancias infantiles o la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía.

El presunto “sabotaje legal” a la cuarta transformación suma ya más de 5 mil 450 amparos contra reformas y acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente promovidos por despachos y litigantes vinculados con el PAN y el PRI, así como organizaciones de la sociedad civil.

​De acuerdo con un análisis en poder de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, tan solo la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos enfrenta 4 mil 364 amparos de funcionarios del Poder Judicial y de organismos autónomos, mientras la suspensión de recursos públicos al programa de estancias infantiles acumula mil 28 recursos en contra, sobre todo en Puebla, Chihuahua y Ciudad de México.

En tanto, diversos quejosos, entre los que destaca la organización Mexicanos contra la Delincuencia y la Impunidad, han presentado 59 amparos contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

Existe incluso una demanda de amparo contra el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 promovida por ex diputados panistas y hoy asesores de la bancada albiazul en el Palacio de San Lázaro.

La lista de impugnaciones incluye un amparo presentado por el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, contra el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, por la presunta omisión en que habría incurrido al suspender más de tres sesiones consecutivas durante los bloqueos de la CNTE al recinto a finales de marzo de este año.

En este caso, “el juez de distrito negó la suspensión definitiva de los actos reclamos y el procedimiento se encuentra suspendido, en virtud de que en nombre y representación del presidente de la Cámara de Diputados se interpuso un recurso de queja contra el auto que admitió a trámite la demanda de amparo”, detalla el documento.

Por lo que hace a los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones, señala que al día de hoy no se ha concedido la protección de la justicia a ningún servidor público o quejoso.

Identifica al despacho Mijangos y González como patrocinador de funcionarios del Banco de México, aunque precisa que no existe predominio de un bufete o litigante en la promoción de los 4 mil 364 recursos contra el impedimento de los servidores públicos para cobrar una remuneración superior a la del Presidente de la República.

Respecto de las impugnaciones al recorte presupuestal a las estancias infantiles, la relación señala entre los principales representantes de los quejosos a dirigentes, legisladores y ex funcionarios panistas como Fabián Sánchez, en Puebla; el diputado Mario Mata, en Chihuahua, así como Esther Martínez y Alberto Efraín García en la Ciudad de México.

​​Contra Santa Lucía, el poder empresarial: Padierna

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, afirmó en ese contexto que “un grupo reducido de personas ligadas al poder empresarial han recurrido al amparo para frenar el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía con la única finalidad de poner por delante sus intereses económicos sobre los intereses colectivos”.

Subrayó que una buena cantidad de los amparos son promovidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y dijo que el interés legítimo de los promoventes no existe en ese caso.

Por ello, señaló, “el Poder Judicial deberá analizar la pertinencia de lo que motiva a los amparistas y la pertinencia de salvaguardar los derechos por encima de los intereses de personajes ligados al PRI y al PAN que hoy, ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, han optado por una suerte de sabotaje legal contra un proyecto de gran importancia para el país”.

Agregó que, si los amparos fueran promovidos por organizaciones ambientalistas, colectivos de vecinos, pueblos originarios o personas con algún tipo de afectación a sus derechos, habría un interés legítimo, pero a su juicio, no es así.

Padierna insistió en que más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder Judicial, debe quedar clara frente a la opinión pública la verdadera naturaleza de los juicios contra el proyecto de Santa Lucía: “ninguna otra que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común, sino hacer prevalecer sus intereses”.